AC4525-2017
Radicación n° 11001-02-03-000-2017-00858-00
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Se decide la petición de cambio de radicación formulada por Carlos Humberto Arias Guinand respecto del proceso verbal de nulidad de compraventa que aquél promovió contra José Fernando Inestrosa e Inversiones Zoilita Ltda.
I. ANTECEDENTES
1. Con sustento en el numeral 8º del artículo 30 del Código General del Proceso, el promotor, por intermedio de apoderado judicial constituido a su vez por el mandatario general de aquél, solicitó que el referido asunto, repartido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali (rad. 2017-00063-00), sea remitido a uno de la misma calidad y categoría de Bogotá, porque en aquella ciudad no hay “garantías básicas para el normal funcionamiento de la administración de justicia…” y es “inminente la afectación de [su] seguridad e integridad” y la de su apoderado (fl. 39).
2. Como causa petendi, el interesado relacionó que:
2.1. No subsanó la demanda con la que frente a Humberto Arias Bejarano y Christian Bryan Arias reclamó la nulidad de la liquidación notarial de la herencia dejada por su padre Humberto Arias, porque el Juzgado Segundo de Familia de Cali, aduciendo injustificadamente una reserva inexistente, no permitió que su dependiente judicial autorizada consultara el expediente.
2.2. Ante el “inusual y exhaustivo nivel de detalle” de la providencia inadmisoria, notificada por estado el 30 de noviembre de 2016, investigó y encontró que Humberto Arias Bejarano obra como demandante en otro asunto que cursa en ese mismo estrado judicial, lo que indica que éste “ya ha tenido contacto con [ese] Despacho, y que probablemente esto explica la conducta errática y contraria a Derecho, de otra forma inexplicable…”. Por consiguiente, retiró el libelo.
2.3. Enseguida “desacumuló las pretensiones” de la primera demanda y, en consecuencia, formuló cuatro nuevas en forma separada, entre ellas, la que genera esta solicitud.
2.4. Mediante el libelo que interesa acá, “pretende reversar los actos fraudulentos” en que Humberto Arias Bejarano, de manera directa o valiéndose de sociedades que representa su esposa, de bandas criminales y de otras personas que se encuentran judicializadas penalmente, incluso acudiendo a la falsificación, se apropió de activos superiores a veintitrés mil trescientos cincuenta y siete millones trescientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($23.357.346.254), que deben repartirse equitativamente entre los herederos del mencionado causante.
2.5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali ingresó el proceso al Despacho cuando aún corría el término para subsanar la demanda, y rechazó de plano sus recursos de reposición y apelación. Además, no cuenta con ningún sistema de registro físico o electrónico que dé cuenta de los movimientos del asunto.
2.6. Como contador a su servicio, Carlos Alberto Sarria Posada descubrió y lo puso al tanto de irregularidades en el manejo de los bienes de Inversiones Zoilita S.A.S., Bienes S.A.S. y Capitales S.A.S., que hacían parte de la mentada universalidad, sociedad representadas por Claudia Lorena Ordóñez Bolaños, cónyuge de Humberto Arias García, quien resultó favorecido con las mismas.
2.7. El citado profesional fue ultimado el 24 de enero de 2015, hecho por el que la justicia investigada al acabado de nombrar, amén de por concierto para delinquir, narcotráfico, estafa y falsedad en documento público. Pese a estar detenido hace más de un año, continúa siendo una de las personas más influyentes en Cali y tiene claro interés en este asunto, tal y como lo demuestra una nota periodística que anexa.
3. Una vez enterado de la solicitud, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali informó que rechazó el libelo porque no fue corregido oportunamente y que están pendientes de resolver los recursos de reposición y apelación, que interpuso el interesado (fls. 30 y 31).
II. CONSIDERACIONES
1. El numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso señala que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia podrá disponer la remisión de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, de un distrito judicial a otro, “cuando en el lugar donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. (…) Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos”.
2. Las circunstancias que podrían dar lugar a una determinación como la suplicada por Carlos Humberto Arias Guinand deben estar probadas desde el momento mismo de su formulación, comoquiera que la tramitación no supone la práctica de pruebas o que el adelantamiento de diligencia alguna, sin perjuicio, claro está, de que por el medio más expedito se ponga en conocimiento de los eventuales afectados, como aquí se hizo.
En ningún caso, la Corte puede entrar a examinar los hechos y pretensiones de la demanda y sus contestaciones; tampoco las pruebas ni mucho menos el contenido de las decisiones judiciales emitidas, por cuando su resolución no ostenta carácter jurisdiccional, sino que se basa en hechos externos al proceso cuyo sentido y alcance ha venido precisando la jurisprudencia. De ahí, que la situación jurídica de las partes dentro del litigio no debe sufrir ninguna alteración por virtud de esta determinación.
Al respecto, la Corte ha dicho que
La afectación del orden público a que se refiere la norma hace relación a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistemáticos de violencia, subversión o terrorismo que generen zozobra, pánico generalizado, perturbación o estado de inseguridad manifiesta. Así, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuación o determinación contraria a los intereses de esas organizaciones criminales podría poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administración de justicia podrían resultar lesionadas. De igual modo, es factible que episodios de esa misma índole tengan la magnitud de incidir en la práctica de las pruebas, como por ejemplo cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaración; se obstruye la aportación de documentos; o se interfiere en la realización de una inspección judicial; todo lo cual tiene la virtualidad de afectar las garantías procesales. Tales disturbios o anomalías, además de deteriorar la vida en armonía de un conglomerado social, pueden entorpecer el buen funcionamiento de la administración de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso específico, a tal punto que el traslado de la sede del litigio se convierte en la mejor manera de evitar la vulneración a los principios de imparcialidad e independencia de la justicia (AC2991-2015).
De igual forma, precisó en lo que concierne a la existencia de deficiencias de gestión y celeridad en los procesos,
(…) no se entra a analizar o discutir el contenido de las providencias que se dictan al interior del litigio, pues tal causal se refiere a la insuficiencia en el impulso o la marcha del proceso y no al mérito de las decisiones que en él se hayan proferido. El retraso en el diligenciamiento de la actuación puede deberse, por ejemplo a problemas estructurales o coyunturales de congestión de un despacho, o de los juzgados de toda un área, o que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad. (…) El cambio de radicación, en suma, no posee el contenido ni la función de los actos jurisdiccionales porque no es una actuación en virtud de la cual se determine el derecho de las partes, dado que no tiene por finalidad dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica mediante una decisión sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones; como tampoco dispone un trámite para impulsar el proceso ni para definir un incidente o un aspecto esencial del litigio. En tal sentido, es ostensible que con esa medida se pretende evitar que situaciones ajenas al litigio afecten su desenvolvimiento interno; es decir que se trata de una decisión de tipo pragmático que se justifica por la ocurrencia de fenómenos externos a la controversia jurídica, pero que tienen la aptitud suficiente para proyectar sus efectos nocivos en ella (AC2991-2015).
3. En el asunto materia de análisis, la oportunidad y el fundamento en que se apoya la petición examinada anticipa su fracaso, puesto que sin que se hubiera producido una sola actuación en el juicio verbal que promovió Carlos Humberto Arias Bejarano contra José Fernando Hinestrosa e Inversiones Zoilita S.A.S., aquél ya estaba pidiendo el cambio de radicación, obrando así sin la menor consideración para el Juzgado del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali al entrar en suposiciones sobre la influencia que Humberto Arias Bejarano podría tener en ese y todos los despachos judiciales de tal ciudad.
Ya en el curso de la petición que se desata, el interesado pone de presente las decisiones iniciales del Despacho al que se le repartió el juicio verbal, nuevamente con la aspiración de demostrar la supuesta influencia de Humberto Arias Bejarano, cuando éste ni siguiera aparece nominado a ser parte en ese asunto y, en todo caso, no se ha vinculado a ninguno de los convocados, todo lo cual lleva a concluir que aquel está partiendo de la mala fe o amedrentamiento con que el funcionario asumiría el conocimiento del asunto.
También se vale de situaciones que, según relata, le acontecieron en otro estrado judicial de la misma capital en donde previamente radicó una demanda que le fue inadmitida y a la postre retiró, las que no vienen al caso, pues, ese asunto ya concluyó y, por lo mismo, no puede ser motivo del actual trámite; lo que allá haya sucedido no sirve de soporte para evaluar la actuación del nuevo juez. Por lo demás, el solicitante se duele del nivel de detalle del inadmisorio en aquel primer asunto, pero pese a que no subsanó allá, atendiendo esas observaciones “desacumuló las pretensiones” y a raíz de ello surgieron las cuatro demandas que menciona, una de ellas sobre la que aquí se debate.
Al respecto, en un caso planteado acá en la Corte por el mismo reclamante con ocasión de otro de los casos que según informa resultaron del acatamiento que dio a las razones por las que el Juzgado Segundo de Familia de Cali inadmitió su libelo inicial, expresó
(…) el hecho de que el demandado éste siendo investigado por presuntos delitos de homicidio, falsificación, estafa y otros, no evidencia o acredita que éste pueda interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuación o determinación contraria a los intereses de éste, pudiese poner en grave peligro la vida e integridad personal de la parte demandante (AC3096-2017).
4. Atinente al riesgo que en su integridad podrían correr el petente y su apoderado constituido para este asunto, lo primero que reitera es que la persona que se afirma podría generarlo no está llamado a integrar el extremo pasivo.
En segundo lugar, que se encuentra detenida, por lo que resulta obvio entender que está restringida la posibilidad de causar algún daño de esa índole, toda vez que de otra parte no está demostrada su pertenencia a bandas criminales.
Adicionalmente, como Carlos Arias Guinan no reside en el país, llevar adelante la actuación en Cali o en otra parte no representa una diferencia relevante para su seguridad.
Sobre esta temática, en otro caso similar a este y al citado previamente, la Corte expresó
(…) respecto de la situación de seguridad de que se duele el memorialista, destaca la Sala que aparece desvirtuada si se tiene en cuenta que Carlos Humberto Arias Guinand reside en otra nación y constituyó apoderado general en Colombia, según da cuenta la copia de la escritura pública que allegó a estas diligencias (folio 2). Adicionalmente, en lo que atañe con su apoderado judicial, es de ver que el mismo memorialista informó que su hermano medio Humberto Arias Bejarano se encuentra privado de la libertad, lo que infirma su argumentación. Y que él se encuentra vinculado a bandas criminales, como se adujo en la petición, es asunto que, de un lado, no fue acreditado en este trámite sumario; y, de otro lado, que aún de haberlo sido, también era necesario que expusiera cómo esa situación de supuesta inseguridad se desvanecería con el traslado de la actuación a la ciudad de Bogotá (CSJ AC2926-2017).
5. En compendio, no han quedado demostradas las circunstancias excepcionales previstas en la ley para acceder a lo perseguido por el petente.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE: NEGAR el cambio de radicación de la demanda verbal de nulidad de compraventa de Carlos Humberto Arias Guinand contra José Fernando Inestrosa e Inversiones Zoilita Ltda., conocida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali.
Notifíquese,
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado